Moquegua: Concluye peritaje en municipio de San Cristóbal

Pagaron sueldos con canon minero

Un peritaje contable practicado en la municipalidad distrital de San Cristóbal concluyó que durante los primeros cinco meses de año 2007, en la comuna se dispuso del dinero del canon minero para pagar sueldos de funcionarios y trabajadores. El alcalde de esta jurisdicción, Rogelio Vizcarra Taco fue denunciado en junio del año pasado por la presunta malversación de estos dineros. Las investigaciones a cargo de la tercera fiscalía continúan.

El alcalde distrital de San Cristóbal, en la provincia Mariscal Nieto, Rogelio Vizcarra Taco, fue denunciado el año 2008 en dos ocasiones. En ambos casos se le acusó de haber usado dinero deL canon minero para actividades que la ley no permite, como financiar grupos artísticos folclóricos y pagar sueldos. El canon sólo debe usarse en proyectos de inversión.

De la primera acusación sobre el uso del beneficio para pagar presentaciones de las bandas folclóricas que en enero de 2008 amenizaron el aniversario del distrito, el alcalde Vizcarra Taco salió librado. La fiscalía lo investigó y no encontró ilícito. El proceso fue archivado.

Pero el burgomaestre no se libra aún de la segunda denuncia que presentó el ciudadano Ángel Condori Nina en su contra. En el documento presentado en junio de 2008, Condori acusa a la autoridad edil de haber malversado dinero del canon minero en un monto estimado de 137 mil 60 nuevos soles para pagar remuneraciones de funcionarios y empleados. En la denuncia, el alcalde Vizcarra no está solo, porque también se acusa del delito a Adán Zela Maqui (gerente municipal) y Eloy Mamani Taco (administrador).

A diez meses del inicio de las investigaciones en el Ministerio Público, un peritaje contable que solicitaron los fiscales Roberto Giraldo y Manuel Bernedo, podría reforzar la denuncia del presunto ilícito. El examen contable lo realizaron los peritos Alipio Mamani Copa y Luis Vargas López, ambos de la ciudad de Tacna. 

Los dos viajaron en enero de este año al distrito San Cristóbal para establecer la procedencia del dinero usado en el pago de remuneraciones denunciado. Acompañados por un efectivo policial anticorrupción de Tacna, los peritos examinaron una serie de documentos como copias del Presupuesto Inicial de Apertura del año 2007, estados financieros, copia de comprobantes de pago de algunas planillas y la copia de la planilla de remuneraciones de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.

La conclusión de los peritos es que en la municipalidad de San Cristóbal sí se pagaron remuneraciones de funcionarios y empleados con recursos provenientes del canon minero, por un monto de 226 mil 178,63 nuevos soles, que incluye haberes brutos y aportaciones al sistema nacional de salud. En la disposición Nro. 07, el fiscal provincial del Tercer Despacho de Investigación, Manuel Bernedo Danz, dispone que el contenido del peritaje sea notificado a los procesados para que éstos emitan opinión al respecto. Además, el fiscal requiere con urgencia a la municipalidad distrital informes de las obras aprobadas con recursos del canon minero entre enero y julio de 2007 y los procedimientos de pago de sueldos.

VACÍOS EN PRIMER CASO

La primera denuncia que enfrentó el alcalde distrital Rogelio Vizcarra fue archivada en octubre del año pasado. Ante la policía encargada de recoger las declaraciones, el alcalde negó haber malversado el canon minero y dijo que fueron los trabajadores municipales los que aportaron económicamente para financiar la presentación de las bandas musicales con ocasión del aniversario de enero (2008).

Aseguró que organismos no gubernamentales entregaron también aportes, sin embargo esta afirmación fue negada hasta por dos instituciones. Esto no ameritó mayor investigación en la fiscalía. Los que sí respaldaron la versión del burgomaestre fueron los servidores del municipio distrital. Más de 100 trabajadores rindieron sus manifestaciones ante la fiscalía.

Finalmente se practicó una pericia contable la que concluyó que no hubo malversación del canon minero. Con ello, la fiscalía pidió el archivo del caso. El juzgado de investigación preparatoria aceptó y el procurador anticorrupción consintió lo resuelto, olvidándose de presentar apelaciones. (Soledad Montoya)